En primer lugar, la protección de  ciertos edificios  de raigambre histórica, no es un capricho del Ayuntamiento de Alboraya, ni  de los Ayuntamientos de España.

La  ley obliga a la catalogación de los edificios y a su protección  total o parcial, según los informes de los técnicos encargados de ello.

Nuestro Ayuntamiento, no puede incumplir la ley, por mucho que se empeñe algún grupo de la oposición, lo mismo que sin la elaboración de dicho catalogo, con un ordenamiento urbano  se entraría en una indefensión de los vecinos del Centro, ya que no podrían acometer ni obras ni  mejoras en sus casas.

El Equipo de Gobierno, ha preferido hacerlo todo a una vez, a fin de que una vez aprobado el PPRI, cada propietario sepa exactamente que obras puede acometer en su vivienda.