El próximo viernes, el gobierno cuatripartito de Alboraya ha convocado una Junta General Extraordinaria de la empresa pública Egusa para votar la ratificación del acuerdo del Consejo de Administración para iniciar un preconcurso de acreedores, y la rescisión del contrato con los redactores del Plan General.
Hay que destacar que este nuevo Plan estaba prácticamente finalizado, tras más de cuatro años de procedimientos administrativos, y se ha sometido a información pública para recoger alegaciones, paso previo a su aprobación por el Pleno Municipal. Tras un año, el cuatripartito no ha finalizado el procedimiento en curso, ni ha propuesto ningún tipo de cambio o modificación sobre los documentos aprobados y presentados en conselleria. Al margen del tiempo y el dinero que pueden darse por perdidos si se paraliza, esta cuestión es fundamental por dos razones principalmente.
En primer lugar, el nuevo Plan contempla la creación de una nueva zona comercial que permita el traslado de Alcampo, y solventa los problemas urbanísticos de Port Saplaya. De esta forma se cumplen los acuerdos para el desarrollo futuro sobre la actual ubicación y además no sería necesario devolver el anticipo de beneficios de 23 millones de euros. También se abre la puerta a la enajenación de patrimonio con beneficios para el Ayuntamiento, algo imprescindible para el futuro económico del municipio. No menos importante, se generaría una nueva zona comercial y de servicios que funcionaría como auténtico motor económico creando más de 2000 nuevos puestos de trabajo.
Además, el nuevo Plan desarrolla los sectores que permiten otorgar a la Generalitat Valenciana el aprovechamiento urbanístico necesario para no tener que desembolsar la parte municipal correspondiente al enterramiento de la línea 3 a su paso por Alboraya.
Es decir, sin el Plan General, el municipio no podrá hacer frente a sus compromisos, ni podrá acometer iniciativas privadas de ningún tipo que garanticen crecimiento económico y empleo ya que el actual planeamiento se encuentra agotado.
En el apartado económico, el cuatripartito ha inclumplido su propio presupuesto, al no destinar los recursos necesarios a la empresa pública para atender sus responsabilidades. Llama la atención que en la anterior legislatura el Partido Popular cumpliera con sus compromisos al frente de Egusa y tras un año de gobierno cuatripartito se tenga que acudir a un preconcurso porque no saben cómo atender ni las obligaciones frente a las entidades financieras. El Partido Popular denuncia que si el Ayuntamiento aprueba el nuevo PGOU y paga una pequeña parte de lo que adeuda a la empresa pública ésta podría funcionar perfectamente sin tener que recurrir al preconcurso. Forzar esta situación, cuando no es necesaria, puede acarrear graves consecuencias tanto a la empresa pública como al propio municipio.
El PP reclama, además, que se eliminen los sueldos y percepciones monetarias de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la empresa Egusa nombrados por el cuatripartito. Llama la atención que se plantee un preconcurso de acreedores cuando se ha incrementado un 11% el importe de las percepciones y se cobra no sólo por Consejos sino además por Comisiones Ejecutivas, repartiéndose más de 21.000€ de una empresa a la que el Ayuntamiento está quitando funciones cada día.